Jueces y Fiscales se han manifestado en contra de los anteproyectos de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, emitiendo un comunicado conjunto en el que reclaman el cumplimiento estricto de las horas de audiencia fijadas por la ley, el establecimiento de una carga de trabajo ajustada a criterios de calidad, así como el establecimiento de un catálogo de enfermedades laborales. Junto a ello, subrayan que las reformas que se están preparando atentan contra la independencia de los jueces y la autonomía de los fiscales. En la situación actual -manifiestan- se da una ausencia de inversión en Justicia, una descoordinación en la gestión de la Administración de Justicia, una congelación de plazas judiciales y fiscales, recortes salariales y estatutarios y un control político de los órganos de gobierno del Poder Judicial.
Precisamente sobre estas cuestiones se ha pronunciado la juez decana de Pamplona -Mª. Paz Benito- en declaraciones recogidas hoy domingo por Diario de Navarra, señalando que se han "sobrepasado todos los límites admisibles. Se pretende hacer una reforma que pasa por dejar reducido el Consejo a su mínima expresión, en la que sólo el presidente estará dedicado a su labor gubernativa, reducir los vocales y que compatibilicen el cargo con su labor de juez, que se eliminen las diferentes comisiones... Es un intento evidente de control del poder judicial". También señaló que la nueva ley acaba con la figura del juez sustituto, por lo que los titulares "que no dan abasto con sus juzgados" deberán ocuparse de otro.
Los jueces y fiscales indican, finalmente, que en tanto el Ministerio de Justicia se decide por abrir una vía de negociación, sólo ejercerán sus funciones dentro de los estrictos márgenes de la Ley y, obviando criterios productivistas, sólo atenderán a la Justicia de calidad que los ciudadanos merecen y reclaman. Así, según continúa enunciándose en el Diario de Navarra a partir de la comunicación emitida por jueces y fiscales navarros, se cumplirán estrictamente las horas de audiencia, de manera que si un juicio o un trámite no puede celebrarse o concluirse dentro del horario establecido, se acordará su suspensión; y junto a ello, se cumplirá escrupulosamente la jornada laboral de 37,5 horas.
La juez decana admitió a este respecto que "va a afectar a los ciudadanos y va a provocar un colapso, pero los ciudadanos ya están afectados y los juzgados ya están colapsados. No se puede dar una respuesta ágil y eficaz a cuestiones importantes para empresas y personas. Hay que poner de manifiesto que con esta situación no se puede seguir adelante. Y que tomamos estas decisiones en un ejercicio de responsabilidad, para no llegar al límite".
Fuente: Jueces para la democracia ; Diario de Navarra.
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