Uno de los elementos que el Gobierno tiene intención de reformar en un futuro más o menos inmediato es la legislación sobre la responsabilidad penal del menor. Alberto Ruiz-Gallardón ya anticipó, en su primera comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso, la voluntad de reformar esta normativa, unificando la investigación y el enjuiciamiento en los casos en los que estén implicados mayores y menores. En este contexto, resulta de interés examinar el proceso de reforma legislativa que se está produciendo en Francia sobre menores y los comentarios que, en diferentes medios, se vienen produciendo sobre el mismo.
En concreto, el Proyecto 2012 de la Unión por un Movimiento Popular (partido político de Nicolás Sarkozy) recoge la sustitución de la Ordenanza de 2 de febrero de 1945 sobre la responsabilidad penal del menor, por un nueva nueva reglamentación penal de menores en la que, entre otras cosas, se reduce la responsabilidad penal desde los 13 años a los 12 años; argumentando a este respecto que la normativa en vigor es demasiado laxa y que introduce una sensación de impunidad.
De una forma más específica, el Proyecto 2012 mencionado establece la voluntad de establecer "una política de firmeza contra la delincuencia de menores. Elaboraremos -dice el texto- un código penal específico para los menores, para adaptar la justicia de menores a los nuevos fenómenos de delincuencia y para luchar contra el sentimiento de impunidad. Asimismo, separaremos las funciones -hoy confundidas en la figura del juez de menores- de protección de los menores en peligro y de sanción en caso de delito. Protegeremos mejor a los menores víctimas y sancionaremos con mayor firmeza a los menores delincuentes. Esta reforma de la justicia de menores debe también permitir acortar el tiempo entre el delito y la sanción".
"Para reforzar la ejemplaridad de la sanción y disponer de sanciones adaptadas a los delitos -continúa el texto- haremos posibles los trabajos de reparación por los actos cometidos desde los 12 años, con la autorización de los padres. Paralelamente, para los casos más difíciles, reservaremos ciertos establecimientos para los delincuentes juveniles y seguiremos aumentando la capacidad de los centros educativos cerrados".
Tal propuesta de medidas ha sido objeto de diversos comentarios en el ámbito jurídico, así como en el sector de opinión de los medios de comunicación. El último de ellos, en Le Monde, publicado hoy domingo en su edición digital, bajo el título "La reforma de la justicia de menores: ¿una renta política?". Un comentario que, en un tono crítico, cuestiona lo que considera una espiral represiva y regresiva que no responde a una justificación jurídico-técnica, sino -más bien- a razones políticas y electorales.
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