Según publica el
diario El País, el Juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, ha
dictado una providencia solo puede interpretarse como los primeros pasos para
dirigir un procedimiento por delito de revelación de secretos contra el
ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y los miembros de la Guardia Civil que hicieron
públicos los datos de una comisión rogatoria secreta a Francia que contenía
nuevos hallazgos relacionados con el caso del secuestro y presunto
fallecimiento del empresario Publio Cordón,
perpetrado por los GRAPO hace 17 años.
Los datos sobre
la identificación de la casa en las proximidades de Lyon (Francia) donde estuvo
retenido el empresario, cómo este contaba los días transcurridos con palotes en
el armario donde estuvo encerrado, la detención de tres de los presuntos
autores y que el éxito de la operación había sido posible gracias al testimonio
de un testigo protegido cuya identidad no reveló, fueron proporcionados por el
ministro en una multitudinaria rueda de prensa celebrada en el Congreso el 19
de julio. La convocatoria eclipsó informativamente los últimos recortes del
Gobierno en materia económica, especialmente la subida del IVA y la supresión
de la paga extra de Navidad para los funcionarios.
Al día siguiente,
Fernández Díaz ofreció una ampliación de la conferencia de prensa en la sede
del Ministerio, acto al que asistieron el director general de la Guardia Civil,
Arsenio Fernández de Mesa y tres responsables del servicio de información del
Instituto armado que habían dirigido o participado en las pesquisas y en las
detenciones. El ministro tuvo también una reunión con Pilar Muro, la viuda de
Cordón y con una de sus hijas, a las que informó de las novedades. Los actos
fueron retransmitidos por la mayoría de las televisiones y radios y encontraron
amplio eco en todos los periódicos del país.
El juez Gómez
Bermúdez se sorprendió de que datos que eran secretos y sobre los que tenía que
interrogar a los nuevos detenidos, José Antonio Ramón Teijelo, su esposa,
Manuela Ontanilla Galán y Vicente Sarasa hubieran sido revelados por el propio
ministro. Así, cuando
fueron a declarar los detenidos, sus abogados conocían la mayor parte de los
datos contenidos en la comisión rogatoria francesa.
El magistrado
considera que la filtración, además de perjudicar la investigación, pone en
peligro la cooperación con Francia. Por ello, decidió abrir una pieza separada
en el procedimiento, para determinar si se cometió un delito de revelación de
secretos y qué órgano judicial sería el competente para investigarlo, a la
vista de que el ministro es aforado y el caso correspondería instruirlo, en su
caso, al Tribunal Supremo.
De modo que el
juez pidió a la Guardia Civil un informe sobre lo ocurrido, pero en el mismo se
sostiene que en ningún momento se rompió la cadena de custodia de la comisión
rogatoria francesa.
A la vista de esa
respuesta claramente autoexculpatoria, Gómez Bermúdez ha lanzado un órdago. En
la providencia dictada ayer, el magistrado requiere al director general de la
Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y al general jefe del servicio de
información, Faustino Álvarez Sola, para que, en un plazo de cinco días,
comuniquen quién o quiénes les “dieron información, verbal o escrita, del
resultado de las investigaciones ordenadas en la comisión rogatoria
internacional de referencia y a quién la transmitió”.
El magistrado
requiere exclusivamente al general Álvarez Sola para que “identifique, con el
número de carné profesional si fuese otro miembro de las fuerzas de seguridad y
nominalmente en otro caso, a la persona que informó a las autoridades del
Ministerio del Interior sobre el resultado de la investigación”.
Además, la
providencia reclama a RTVE, Antena 3, Tele 5, Cuatro, la Sexta y Telemadrid que
en 10 días le remitan el vídeo de la rueda de prensa que el ministro del
Interior ofreció el 19 de julio sobre el caso de Publio Cordón.
A la vista de la
respuesta que unos y otros le ofrezcan, Gómez Bermúdez decidirá si lo ocurrido
presenta las características de un delito de revelación de secretos, en cuyo
caso, remitirá los hechos a los juzgados de instrucción de Madrid, en la Plaza
de Castilla, donde las diligencias se turnarán por reparto al juez que le
correspondan. Y si este estima que hay elementos para investigar al ministro,
al tratarse de un aforado deberá remitir una exposición razonada al Tribunal
Supremo para que la Sala de lo Penal decida si procede o no investigar el caso. En caso de
considerar que no existen suficientes indicios de la existencia de un delito,
el propio Gómez Bermúdez deberá archivar la pieza separada que ha abierto.
El secreto fue
decretado en 2009 cuando el jefe del comando de los GRAPO Fernando Silva Sande
decidió colaborar con la justicia. El terrorista fue conducido a Francia en más
de una ocasión, pero no pudo encontrar el lugar, próximo al Mont Ventoux, en el
que dijo haber enterrado al empresario. Silva Sande se ha enfrentado a otros miembros
de los GRAPO en distintos juicios, pero, finalmente, ha delatado a Ramón
Teijelo, Ontanilla y Sarasa, que tras cumplir condenas anteriores se habían
reintegrado con aparente normalidad a la vida civil y residían en Sevilla.
Por otro lado, el
magistrado decretó ayer la prisión provisional para Manuela Ontanilla, que
estaba en libertad bajo fianza de 10.000 euros por su participación en el
secuestro de Cordón.
Gómez Bermúdez
abrió un nuevo procedimiento contra la antigua miembro de los GRAPO debido a
que su huella genética se encontró en una cinta adhesiva que sujetaba dos cajas
de fulminantes en la casa de Fontainebleau (Francia), que habitaron los
terroristas.
En el interior de
un bidón se encontraron armas y explosivos, así como las cajas de los fulminantes
que estaban dentro de una bolsa. Por ello, el magistrado le ha imputado un
delito de depósito de armas, municiones y explosivos como miembro de una
organización terrorista.
El juez estima
que aunque no hubiera riesgo de reiteración delictiva u obstrucción a la
investigación, “es patente el riesgo de sustracción a la justicia, pues, dada
la solidez de los indicios, la amenaza de ser condenada a pena grave, junto con
el fuerte arraigo que la detenida tiene en Francia y la ausencia de medios de
vida en España, determinan que la tentación de huir sea notable”.
Fuente: El País
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