El ministro de
Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, comparecerá este martes en el Congreso de los
Diputados para explicar las líneas maestras de la propuesta de reforma de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, que otorga al fiscal la dirección de las
investigaciones; y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que crea los
tribunales de instancia y suprime los partidos judiciales.
Ruiz-Gallardón
llevará a la Cámara Baja los textos que recibió el pasado febrero por parte de
las comisiones de expertos que fueron formadas para elaborar dos leyes que
marcarán el rumbo de la Justicia en España para los próximos años. Una de ellas
diseña una nueva organización del mapa judicial y la otra encomienda al
Ministerio Público la instrucción de los delitos y las faltas, en lugar de a
los jueces como ocurre en la actualidad.
Este segundo
articulado ha sido uno de los grandes retos que se marcaron los antecesores del
actual ministro. Su predecesor en el cargo, Francisco Caamaño, fue quien más
lejos llegó al aprobar un anteproyecto de ley en el último año de legislatura,
que, finalmente, no vio la luz por la falta de tiempo y de consenso y que también
daba la instrucción al Ministerio Fiscal.
Gallardón tiene
ahora sobre la mesa un texto llamado a sustituir a la vigente Ley de
Enjuiciamiento Criminal, que data de 1882 y con más de sesenta modificaciones
parciales en su haber. Pero tiene además cerca de tres años de legislatura por
delante para lograr dar 'luz verde' al nuevo modelo.
EL PP RECHAZÓ EL
FISCAL INVESTIGADOR EN LA OPOSICIÓN
El Partido
Popular renegó en la oposición de este sistema aunque ahora defiende que tiene
mayores garantías. Las voces críticas dudan por la dependencia jerárquica que
rige en el Ministerio Público, donde el fiscal general del Estado es nombrado
por el Gobierno, a diferencia de los jueces y magistrados que son
"independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al
imperio de la ley".
Entre otras
novedades, los expertos acotaron los plazos para efectuar diligencias de
instrucción y prohibieron ejercer la acción popular a partidos políticos y
sindicatos. Además, plantearon que el jurado popular examine sólo la comisión
de asesinatos y homicidios dolosos y que no pueda enjuiciar los delitos
atribuibles a las personas que gocen de la condición de aforado.
El ministro
presentará además ante la Cámara Baja la propuesta de la nueva Ley Orgánica del
Poder Judicial por la que se crean los tribunales de instancia, se suprimen los
partidos judiciales y se eliminan las categorías judiciales.
Este articulado
contempla que los jueces y las asociaciones deberán abstenerse de valorar
asuntos de actualidad ante los medios de comunicación, las organizaciones
judiciales no se financiarán vía impuestos, sino exclusivamente mediante las
cuotas de los afiliados, y los aspirantes que aprueben la oposición se sometan
a un examen de aptitud psicológica para evitar que "personas carente del
necesario equilibrio mental se integren en la judicatura".
La comisión que
ha elaborado el Código Procesal Penal ha estado dirigida por el magistrado del
Tribunal Supremo Manuel Marchena y por el catedrático de Derecho Procesal y
abogado Nicolás González-Cuellar, mientras que las comisiones sobre la Ley de
Planta Judicial y la Ley Orgánica del Poder Judicial han estado presididas por
el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Antonio Dorado y el
magistrado del Tribunal Supremo Luis María Díez-Picazo.
Fuente: Iustel
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