La vicepresidenta
y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado en la rueda
de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Ejecutivo ha avanzado hoy en
algunas reformas importantes en el ámbito judicial. En concreto: 1) se ha aprobado el informe sobre el Anteproyecto de LO que modifica el Código Penal; 2) se ha remitido a las Cortes Generales el Proyecto de Ley Orgánica de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por el que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial; 3) y se ha aprobado asimismo el Informe sobre el Estatuto de la Víctima del delito.
La primera de
ellas se refiere a la revisión del Código Penal, cuyo objetivo principal es
"atajar nuevas formas de delincuencia, dar mejor tratamiento a la
multirreincidencia y una respuesta penal más adecuada a delitos más graves,
como la inclusión en el catálogo de penas de la prisión permanente
revisable".
Además se
incluyen cambios esenciales en materia de violencia sobre la mujer para los que
se ha contado, según ha explicado la vicepresidenta, con la activa participación
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Por ejemplo, se
tipifica el matrimonio forzado, se castigan los actos de hostigamiento que a
veces con el código actual no podían ser penados y se penará la divulgación no
autorizada de grabaciones íntimas aunque hayan sido obtenidas con
consentimiento de la víctima.
También se ha
referido a la presentación de un informe sobre el Estatuto de la Víctima,
"una de las leyes comprometidas por este Gobierno". El objetivo es
"dar un trato más humano, con los mejores trámites posibles, más
personalizado, garantizando su información en todo el proceso".
Sáenz de
Santamaría ha destacado que la reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder
Judicial "tiene por objeto profesionalizar la carrera judicial y adaptarla
a otros cambios que se han producido en materia presupuestaria".
Reformas en el Código Penal
El ministro de
Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha detallado algunos de los nuevos tipos
delictivos relacionados con la violencia sobre la mujer que se plantean en el nuevo Código Penal. Entre ellos figuran el acecho u
hostigamiento, con el que "acabamos con la desprotección ante determinadas
situaciones que no podían ser perseguidas por el delito de amenazas o
coacciones". También ha citado el de matrimonio forzado, la divulgación no
autorizada de grabaciones o la inutilización de los dispositivos electrónicos
para el control del cumplimiento de penas y medidas de seguridad cautelares.
El titular de
Justicia ha informado también de la extensión del comiso ampliado (comiso de
bienes procedentes de actividades similares anteriores a las que son objeto de
condena) a los delitos de blanqueo, receptación profesional, trata de seres
humanos, prostitución, explotación y abuso de menores, tráfico de drogas,
falsificación y corrupción en el sector privado.
Por otra parte,
el ministro ha señalado que el Gobierno ha avanzado en su compromiso de
luchar contra el racismo, la xenofobia y el odio ideológico. En este
sentido, y con el fin de trasponer la normativa europea al respecto, se
tipifica "la incitación al odio o la violencia contra grupos determinados
por raza, religión, ascendencia, origen nacional o étnico, incluyendo la
divulgación de escritos o imágenes y la apología, trivialización flagrante o
negación de los crímenes de genocidio, contra la humanidad o de guerra como
forma de incitación al odio o violencia, así como los específicamente referidos
al Holocausto".
Estatuto de la Víctima
El Ruiz-Gallardón ha presentado un primer informe para la elaboración del Estatuto de la Víctima, sobre él que los
distintos ministerios podrán formular, a partir de ahora, sugerencias. El
titular de Justicia ha explicado que se trata de un compromiso electoral que
hará efectiva la trasposición de una directiva europea aprobada el pasado 12 de
septiembre. En este sentido ha destacado que España "es el
primer Gobierno europeo que da cumplimiento a esta directiva europea".
Según el ministro, "el Estatuto de la Víctima nace con
vocación de ser un catálogo de derechos procesales y extraprocesales de las
víctimas de cualquier tipo de delito". No deroga sino que complementa las
legislaciones específicas sobre algunos tipos de víctimas concretas (del
terrorismo, menores, etc..).
Su objetivo es ofrecerles, desde los poderes públicos, una
respuesta lo más amplia posible, no sólo jurídica sino también social,
reparadora del daño sufrido y a la vez minimizadora de otros efectos
traumáticos que su condición les puede generar.
El ministro ha concretado que el Estatuto de la Víctima
podría remitirse al Consejo de Ministros en un plazo de dos o tres meses, mientras
que el nuevo Código Penal podría entrar en vigor en el plazo de un año.
Reforma parcial de la LOPJ
El Consejo de Ministros ha aprobado una reforma parcial de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, que pretende profesionalizar la carrera
judicial y garantizar la estabilidad presupuestaria en la Administración de Justicia.
El ministro de Justicia ha señalado que el objetivo último es
que todos los jueces sean profesionales y que el acceso a la carrera se
produzca por mérito y capacidad, superando las oposiciones correspondientes.
Alberto Ruiz Gallardón ha asegurado que sólo se
recurrirá a magistrados suplentes y jueces sustitutos en circunstancias
excepcionales. Las vacantes se cubrirán por los actuales miembros de la carrera
judicial. "El criterio del Ministerio es que la Justicia en España tiene
que ser profesional", ha reiterado.
Por otra parte, los permisos por asuntos propios se verán
reducidos a tres días al año y se crea una nueva licencia por la que jueces y
magistrados podrán ausentarse tres días al mes, hasta un máximo de nueve días
al año, para estudiar o revolver causas de especial complejidad.
La referencia concreta de los acuerdos adoptados –y su
contenido- pueden ser consultados en el siguiente enlace.
Fuente: Consejo de Ministros
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