Mariano Rajoy ha pronunciado hoy su discurso de investidura. Dentro de las medidas que se pretende adoptar con carácter urgente se sitúan aquellas relacionadas con el Tribunal Constitucional. En concreto: agilizar y mejorar su funcionamiento; dar mayores garantías de independencia en el nombramiento de sus miembros; reformar el recurso de amparo y el recurso previo de inconstitucionalidad; y, por último, abordar de manera inmediata, en diálogo con la oposición, el proceso de renovación pendiente en el Tribunal Constitucional.
Junto a ello, ha hecho referencia a la necesidad de simplificar procedimientos, reforzar el principio de oralidad, revisar el sistema de recursos e incorporar los juicios rápidos al ámbito civil. Asimismo, y junto a ello, señala la necesidad de «promover un uso eficiente y coordinado de las nuevas tecnologías, compatibilizando los ochos sistemas informáticos actuales, que son incompatibles entre sí. Y abordar los cambios en el modelo de la oficina judicial que aseguren la unidad de gestión en todos los órganos jurisdiccionales».
De acuerdo con el Informe Global de Competitividad del World Economic Forum –ha señalado el nuevo presidente del Gobierno-, España ocupa el puesto 63 entre 142 países en eficiencia del marco jurídico en la solución de controversias; algo que, «lisa y llanamente, no puede seguir así».
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