El Consejo General
del Poder Judicial presentó a finales del pasado mes de mayo un informe sobre el Anteproyecto de Ley por el que
se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y
del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Los aspectos más
relevantes del Anteproyecto, en lo que a la Administración de justicia se
refiere, pueden compendiarse del siguiente modo: a) Extensión del sistema de
tasas a la interposición de los recursos de suplicación y casación en el orden
jurisdiccional social. b) Limitación de las exenciones objetivas en el orden
civil a los procesos de capacidad, filiación y menores y, en todos los órdenes jurisdiccionales
concernidos por el Anteproyecto, a las pretensiones en materia de protección de
derechos fundamentales. c) Ampliación de las tasas a las personas físicas que
realicen el hecho imponible, salvo que les haya sido reconocido el derecho a la
asistencia jurídica gratuita. d) Incremento generalizado de la cuota
tributaria, que es particularmente significativo en la interposición de los
recursos de apelación, suplicación, infracción procesal y casación. f)
Afectación principal de las tasas judiciales al sistema de financiación de la
Asistencia Jurídica Gratuita. g) Supresión del apartado 3 del artículo 23 de la
Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, medida
esta que suprime la excepción del deber de postulación prevista para los funcionarios
públicos que actúen en defensa de sus derechos estatutarios.
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