Tras las declaraciones efectuadas por Ruiz-Gallardón al periódico El Mundo en el día de ayer, y la remisión que efectúa al programa electoral del Partido Popular en materia de Justicia, no está de más recordar las propuestas efectuadas en su momento, durante el periodo electoral. Propuestas que deberían constituir una hoja de ruta relativa a las futuras modificaciones legislativas en esta materia.
En concreto, se hacía referencia en el Programa señalado a una búsqueda de "los acuerdos necesarios para la modernización de la justicia a través de:
A. La reforma y simplificación de procedimientos, reforzando el principio de oralidad y revisando el sistema de recursos, cuantías y costes procesales
B. La incorporación de los juicios rápidos al ámbito civil.
C. La promoción de la informatización plena y la interoperabilidad de los sistemas actuales de gestión procesal.
D. El desarrollo de la jurisdicción voluntaria mediante una ley específica.
E. La desjudicialización de determinadas materias sin menoscabo de las garantías ni de la eficacia sancionadora.
F. El fomento de la mediación y el arbitraje.
G. La extensión de las funciones de los fedatarios públicos en materias que no requieran intervención judicial.
H. El fortalecimiento de los títulos ejecutivos.
I. La mejora de la ejecución de las sentencias.
1. Promoveremos un cambio de modelo de la oficina judicial, que la haga eficaz, accesible y transparente para el justiciable, y que asegure la unidad de gestión en todos los órganos jurisdiccionales. Impulsaremos una agencia que articule un sistema informático único y permita el conocimiento inmediato en red de los datos judiciales y de los que constan en los registros públicos relacionados con la administración de justicia.
2. Promoveremos una nueva ley de enjuiciamiento criminal que agilice la instrucción, aclare la situación procesal de los justiciables e imprima celeridad a las actuaciones sobre la base de un modelo de instrucción con plazos tasados.
3. Aprobaremos un estatuto de la víctima, que contenga la relación de sus derechos, conocimiento de su situación procesal y acceso a la información, protección jurídica, y asistencia social y psicológica.
4. Reformaremos el sistema de penas del Código Penal, introduciendo la pena de prisión permanente revisable, la posibilidad de aplicación de medidas de seguridad postpenales, el cómputo de beneficios penitenciarios sobre cada una de las penas impuestas, y una nueva regulación de la multirreincidencia.
5. Propondremos una nueva ley de responsabilidad del menor y una ley reguladora de los servicios a la comunidad.
6. Diseñaremos una nueva regulación de las instituciones de protección y tutela jurídica a menores y discapacitados.
7. Presentaremos una ley de demarcación y planta judicial.
8. Promoveremos la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, para que, conforme a la Constitución, doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías.
9. Garantizaremos la independencia del ministerio fiscal, reforzando la intervención del Consejo Fiscal en nombramientos y ascensos, y centrando las fiscalías especiales en la persecución de la criminalidad organizada.
Junto a ello, y en la página del PP, se establece una relación de 100 propuestas para el cambio en el que se resume el programa electoral, entre las cuales se hace referencia a las siguientes:
85. Modificaremos el procedimiento de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional de modo que se eviten dilaciones indebidas.
86. Restableceremos el recurso previo de inconstitucionalidad en la tramitación de las reformas de los Estatutos de autonomía. Atribuiremos a la jurisdicción ordinaria el amparo para garantizar los derechos fundamentales, reservando al Tribunal Constitucional el ejercicio de su competencia en los supuestos de interés constitucional de acuerdo con lo que disponga la ley.
130. Reforzaremos el modelo del juez profesional previsto en la Constitución, su carácter nacional y el sistema de acceso por oposición pública y libre que garantice los principios de mérito y capacidad.
131. Reformaremos la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo que se refiere al sistema de elección de los magistrados del Consejo General del Poder Judicial para adecuarlo plenamente a lo dispuesto en la Constitución, posibilitando que la representación de la judicatura en el Consejo sea elegida por y entre jueces y magistrados.
132. Aseguraremos las competencias del Consejo General del Poder Judicial, como órgano constitucionalmente previsto para el gobierno de todo el Poder Judicial, en su función de garante de los principios de unidad e independencia judicial.
133. Fortaleceremos el Tribunal Supremo en su función casacional y unificadora de la doctrina jurisprudencial, a través de un recurso de casación que siente una doctrina común aplicable a todos los españoles.
134. Aprobaremos una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que garantice la celebración rápida de los juicios penales e incluya la generalización de la segunda instancia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario